Definido, el formato de reunión de trabajo con el gobernador: Dip. Feliciano Castro
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado definió el formato de la Reunión de Trabajo con el gobernador Rubén Rocha Moya, con motivo de la entrega de su Segundo Informe de labores, que se tendrá el miércoles 29 de noviembre, informó el diputado Feliciano Castro Meléndrez.
El presidente de la Jucopo estimó que con el nuevo formato la reunión de trabajo se estima tenga una duración aproximada de tres horas.
Éste, dijo, es un evento de carácter republicano donde habrá la interacción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, de tal suerte que habrá reflexión y debate, y será ocasión muy importante para el balance del estado que guarda la administración pública.
Explicó que la reunión iniciará con la apertura e instalación a cargo del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado Ricardo Madrid, e inmediatamente después iniciará una ronda de preguntas y respuestas.
Cada pregunta, precisó, llevará un tiempo de dos minutos lo cual implica problematizarla y emitir la interrogante
Empezará esta ronda, adelantó con la participación de la diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela, como diputada sin partido.
Inmediatamente después, añadió, participan las diputadas del Partido de Trabajo, del Partido Acción Nacional y un diputado del Grupo Plural.
Enseguida, agregó, participan representantes de los grupos parlamentarios.
Al grupo del PRI le corresponderá una pregunta, igual que al del PAS, y al de Morena dos interrogantes.
En contraparte, expuso que por cada pregunta el gobernador irá emitiendo una respuesta.
Después, dijo, vienen los posicionamientos de la diputada sin partido y las representaciones de partido, quienes tendrán un posicionamiento de dos minutos, en tanto que el tiempo para los grupos parlamentarios será de 4 minutos.
Como cierre de la reunión, expuso, el gobernador Rubén Rocha emitirá un mensaje.
En lo que se refiere al público asistente, el diputado Feliciano Castro expuso que habrá representaciones institucionales que deberán significarse por la pluralidad social, es decir desde dirigentes de una organización sindical a representantes empresariales, entre otras.
No aprueba Comisión iniciativa que propone reducir plazos de investigaciones de presuntas faltas administrativas
La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana aprobó por unanimidad dictamen que no aprueba iniciativa de adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
El dictamen fue aprobado por la diputada y los diputados Cecilia Covarrubias González, Adolfo Beltrán Corrales, Marco César Almaral Rodríguez y Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidenta, secretario y vocales, respectivamente.
En el mismo dictamen se instruye remitirlo a la Mesa Directiva para que a su vez sea enviado a la Secretaría General del Congreso para su archivo como asunto total y definitivamente concluido.
La iniciativa no aprobada fue presentada por la ciudadana Marlene Angelina León Fontes, quien propone adicionar un tercer párrafo al artículo 91 y un segundo párrafo al artículo 93 de la citada ley.
A través de esta iniciativa se propone que una vez que se inicie formalmente la investigación, ya que se haya notificado al denunciante, al área interna o a la autoridad gubernamental o externo que practicó la auditoría el inicio de la investigación, la autoridad investigadora tendrá como plazo máximo 365 días naturales para la realización de la investigación correspondiente.
Sin embargo, la Comisión calificó como improcedente esta iniciativa, ya que la investigación para averiguar si la actuación de un servidor público constituye una falta y de qué tipo, requiere de un tiempo razonable que permita no generar vicios de carácter formal en la investigación y que como consecuencia derive en impunidad para el infractor.
Adicionalmente se expuso que en la Constitución Política de México ya están definidos los plazos para realizar estas investigaciones, los cuales han sido ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tres iniciativas fueron turnadas a comisiones; una propone penas para la corrupción en el servicio público
En la Sesión Ordinaria 201 del Congreso del Estado de Sinaloa celebrada este jueves se turnaron tres iniciativas para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes correspondientes; una de ellas propone penas de prisión hasta de catorce años e inhabilitación hasta por veinte años para castigar y combatir la corrupción en el servicio público.
En la primera iniciativa del orden del día la diputada del PT María Guadalupe Cázares Gallegos y el diputado del Grupo Plural Adolfo Beltrán Corrales proponen reformar el párrafo quinto y derogar el párrafo cuarto del artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.
Lo anterior, para que se homologue con lo establecido con el marco normativo federal, en materia de elecciones de legisladores locales para periodos consecutivos
Fue aprobada la dispensa de la segunda lectura a solicitud del diputado de Morena César Ismael Guerrero Alarcón, y fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
En la segunda iniciativa del ciudadano Kenji López Cuevas y las ciudadanas Eliza Puente Reyes, Lourdes Erika Sánchez Martínez y Yajaira Camacho Rodríguez proponen que el gobierno estatal y los Ayuntamientos promuevan y otorguen autorizaciones laborales para que mujeres y hombres mayores de cuarenta años, acudan anualmente a realizarse estudios preventivos de cáncer de mama y cervicouterino, así como de próstata, respectivamente, sin menoscabo de sus prestaciones económicas.
Fue aprobada la dispensa de la segunda lectura a solicitud de la diputada del PT María Guadalupe Cázares Gallegos, y fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social.
En la tercera iniciativa la diputada de Morena Cecilia Covarrubias González, el diputado del Grupo Plural Adolfo Beltrán Corrales y los diputados de Morena Marco César Almaral Rodríguez y Marco Antonio Zazueta Zazueta proponen armonizar el Código Penal para el Estado de Sinaloa con las disposiciones federales.
Lo anterior con el propósito de legitimar y precisar la acción penal contra los delitos por hechos de corrupción en el servicio público, estableciendo penas de prisión hasta de catorce años y de inhabilitación hasta por veinte años, que podrían agravarse con circunstancias que el Juez deberá tomar en cuenta.
La iniciativa contempla castigar los delitos por hechos de corrupción en el servicio público tales como el ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, recibo indebido de remuneraciones, abuso de autoridad, intimidación, coalición, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencia.
Fue aprobada la dispensa de la segunda lectura a solicitud de la diputada del Grupo Plural Celia Jáuregui Ibarra, y fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.
Congreso, inicia encuentros con ayuntamientos para analizar actualización de Impuesto Predial
La Junta de Coordinación Política y la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa iniciaron reuniones de trabajo con alcaldes y representantes de las áreas de finanzas de los ayuntamientos para construir acuerdos sobre el porcentaje de aumento que se pudiera aplicar al Impuesto Predial.
El primer encuentro fue con alcaldes y funcionarios de los ayuntamientos de Culiacán, Badiraguato, Angostura, Navolato y Elota. Posteriormente se tendrán reuniones con representantes de los Ayuntamientos de la zona sur y norte.
Encabezaron la reunión el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez; el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, y el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, Jesús Alfonso Ibarra Ramos.
También participaron las diputadas Gloria Himelda Félix Niebla y Juana Minerva Vázquez González, y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, secretaria y vocales respectivamente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración.
De igual manera asistieron las diputadas María Guadalupe Cázares Gallegos, María Victoria Sánchez Peña y Celia Jáuregui Ibarra, y los diputados Adolfo Beltrán Corrales y César Ismael Guerrero Alarcón.
El presidente de la Jucopo, el diputado Feliciano Castro, agradeció la participación de los alcaldes de Culiacán y Navolato, Juan de Dios Gámez Mendivil, y de Badiraguato, José Paz López Elenes, así como de los representantes del resto de los ayuntamientos participantes.
Castro Meléndrez reconoció que la decisión de incrementar o no la tasa del Impuesto Predial implica una dualidad, ya que por un lado se busca fortalecer las haciendas municipales y por otro se debe de atender la situación económica de la población y sus ingresos.
Ante ello, consideró necesario trabajar en una reforma la Ley de Hacienda Municipal y convocó a los ayuntamientos a trabajar juntos en este proceso, del que adelantó que podría iniciar a principios del próximo año con diversas mesas de trabajo.
Lo que debe quedar claro, dijo, es que el Congreso del Estado no tomará ninguna decisión al margen de los ayuntamientos.
El diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, agregó que la 64 Legislatura busca una interacción directa con los ayuntamientos para tomar todos los elementos y poder decidir, también tomando en cuenta la población, y buscando siempre que prevalezca el acuerdo político.
Expuso que próximamente se tendrá una reunión con los municipios del sur de Sinaloa y posteriormente con los de la región norte, a efecto de continuar realizando un análisis claro y contundente y resolver de manera adecuado a favor delas y los sinaloenses.
El presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, Jesús Alfonso Ibarra, reconoció que los ayuntamientos han venido actualizando sus tablas catastrales, lo cual les permitirá mejorar sus ingresos.
Es crucial, dijo, que tanto el Congreso del Estado como los presidentes municipales trabajemos de la mano para garantizar que los valores catastrales sean justos, transparentes y acordes con la realidad económica de cada región. Esto no solo fortalecerá la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también promoverá un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico, afirmó.