Román Rubio y Esteban López, luchaban por grupos vulnerables
Los Grupos Parlamentarios de Morena, PRI y PT lamentaron que la violencia llegue a los activistas sociales, quienes están dedicados a trabajar a favor de los más vulnerables.
Al fijar posicionamiento sobre los asesinatos de Román Rubio López y Esteban López Beltrán, también exigieron una investigación que dé resultados inmediatos y que no prevalezca la impunidad.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, José Rosario Romero López, quien fijó un posicionamiento como presidente de la Junta de Coordinación Política, expuso que con el crimen de Román Rubio se apaga una voz digna y valiosa, y se elimina un liderazgo político y social maduro y difícil de sustituir.
Agregó que la pérdida de Esteban López Beltrán, un joven activista por los derechos, tiene que dar frutos de ejemplo para seguir buscando lo mejor para Sinaloa.
La diputada Flor Emilia Guerra Mena, de Morena, señaló que desde 2013 todos los procesos electorales en el municipio de Sinaloa se han visto opacados, manchados e impugnados por denuncias de amenazas y manipulación de materiales y resultados electorales.
Dirigiéndose al profesor Román Rubio, expresó:
“Tu lucha será cobijada y recordada por quienes te conocimos, incansable en la búsqueda del bienestar de nuestros hermanos indígenas y el reconocimiento de sus derechos, llevando esperanza, junto con otros activistas a los Tarámaris en la zona serrana de Sinaloa, los olvidados por el gobierno.
“Dejaste huella con tu peregrinar hacia el Congreso, con las autoridades educativas por el rescate de nuestras lenguas maternas. Un ciudadano ejemplar, un luchador desde la izquierda, que entendió que su misión en la vida era clamar justicia por los desamparados”, expresó.
Exigió a la Fiscalía General del Estado que ofrezca resultados inmediatos para detener a los autores materiales e intelectuales.
Con la voz quebrada, la diputada Flor Emilia Guerra Mena exigió justicia en tres ocasiones y a voz alta.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, expuso que ambos crímenes han generado una total consternación.
Los crímenes, dijo, no tienen justificación alguna. Nos conmueve y nos indigna que este tipo de acontecimientos brutales sigan ocurriendo en el Sinaloa de hoy”.
No tenemos más que rechazar enérgicamente que dos personas ampliamente conocidas sean privadas de su libertad para luego ser asesinadas de manera impune.
El profesor Román, dijo, era un luchador social. Acababa de favorecer a gente humilde y siempre estaba mirando por el bien social, por apoyar a los grupos vulnerables e indígenas, que sólo exigen justicia para sus comunidades.
Como Grupo Parlamentario del PRI exigimos a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno que se esclarezcan estos lamentables hechos, que se realice una minuciosa investigación para llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales.
El diputado del PT, y también presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez, lamentó los crímenes que han generado consternación y molestia.
Se les quitó la vida, dijo, a dos personas con mucha valentía.
“Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública exijo a las autoridades estatales y municipales que se esclarezca, a los policías les pedimos que nos den resultados”, dijo.
No hay pretexto de la autoridad, señaló, para decir que no puede dar resultados, y demandó que si no puede, entonces que cambie los mandos o las estrategias.
“Es necesario un punto de quiebre para sacar adelante la seguridad pública”, consideró.
El diputado Apolinar García Carrera, del PT, señaló que los asesinatos de estos dos activistas se suman a una lista que ya es de verdad alarmante.
Se está perdiendo, dijo la capacidad de asombro, de tener tantas bajas.
Es hora de que los tres poderes empiecen a accionar, a involucrarse, para dar una respuesta contundente y empezar a frenar esta ola de asesinatos que ya es generalizada a nivel nacional.
“En Sinaloa debemos empezar a enderezar este barco, ya es preocupante la cantidad de asesinatos”.
Los crímenes, lamentó, ya llegaron hasta los representantes populares, candidatos y activistas.
“No es justo que siga este camino, ya es hora de poner un hasta aquí”, demandó el legislador.
Congreso da lectura a 3 iniciativas; 2 son para crear municipio de Villa Unión
El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a tres iniciativas, dos de las cuales son relativas a la creación del municipio de Villa Unión y la otra busca sancionar a quienes explotan a niñas, niños y adolescentes en las calles.
Las dos iniciativas relativas a la creación del nuevo municipio fueron presentadas por los ciudadanos José Martín Osuna Rodríguez, Ismael Peinado Arámburo y la ciudadana Alma Leticia Ríos Serrano.
En una iniciativa proponen reformar los artículos 18, fracción I, y 112, fracción III de la Constitución Política del Estado, a efecto de incorporar al nuevo municipio en la división política y administrativa del Estado de Sinaloa y para definir la integración de su ayuntamiento.
Con ello Villa Unión sería el municipio número 21 y su ayuntamiento estaría integrado por un presidente municipal, un síndico procurador, 3 regidores de mayoría relativa y 3 regidores de representación proporcional
En la segunda iniciativa se propone emitir el decreto de creación del municipio de Villa Unión.
Este nuevo municipio estaría integrado por las sindicaturas de Villa Unión, El Recodo, El Roble y Siqueros.
Destacan como sus principales actividades económicas la pesca, agricultura, acuicultura, fruticultura, ganadería, industria y comercios y servicios.
*El diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, de Morena, es autor de la tercera iniciativa leída, en la que propone adicionar el artículo 273 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa.
El objeto es que sean sujetos punibles quienes obliguen o motiven a niñas, niños o adolescentes a pedir dinero en las calles y/u ofrecer algún servicio con fines lucrativos, en cualquier lugar público o privado del Estado de Sinaloa.
Propone prisión de uno a cuatro años y de doscientos cincuenta a cinco mil días multa. Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos.
A los padres o tutores de los menores sujetos a su patria potestad, custodia o tutela, que actúen en este hecho, se les aplicaran las sanciones previstas en este artículo y se les privará, suspenderá o inhabilitará hasta por tres años en el ejercicio de aquellos derechos y, en su caso, del derecho a los bienes del ofendido.