*En el marco del XXXIV Aniversario Luctuoso de la Dra. Norma Corona Sapién
C. DR. RUBÉN ROCHA MOYA, Gobernador Constitucional del Estado; C. DIP. FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ, Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado; C. DR. JOSÉ ERNESTO PEÑUELAS CASTELLANOS; Presidente Municipal de Culiacán; C. LIC. HILDELISA VALDEZ RIVERA; Consejera de la CDDHS; C. MTRA. SARA BRUNA QUIÑONES ESTRADA, Fiscal General del Estado; C. MARTHA BEATRIZ VEGA RUIZ, Del histórico movimiento de Madres con Hijos Desaparecidos; C. MTRA. CONZUELO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Encargada del Despacho de la Secretaría de la Mujer; C. LIC. RAMÓN ALBERTO VALDERRÁIN ARMENTA, Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa; C. LEONEL AGUIRRE MEZA; Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa
CIUDADANAS Y CIUDADANOS
Sean bienvenidos todas y todos los presentes a este sencillo, pero simbólico evento, que hace honor a uno de los principios más caros para la sociedad y nuestro movimiento: la rendición de cuentas. Desde la fundación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, hemos planteado que todas las instancias públicas abran a la sociedad la información sobre sus actividades, sobre los resultados que genera su gestión y la consiguiente apertura para recibir y aceptar la crítica ciudadana. Para nosotros hacer público de manera periódica el trabajo que realizamos resulta saludable y permite un verdadero acercamiento con el pueblo al que pertenecemos. Ofrecer un informe anual da la oportunidad de hacer un balance de la situación que se ha vivido en materia de derechos humanos.
La situación internacional es más que un complicado escenario de desencuentros que replantean la urgente e inaplazable necesidad de refundar la ONU y de reescribir los estatutos de la misma acorde a la justicia que corresponde a los tiempos presentes, y a una convivencia internacional que proscriba la desigualdad, la miseria, la ignorancia, la guerra y dé un paso definitivo para jubilar al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, responsables del infame modelo económico mundial que condena a la pobreza y al hambre a regiones enteras del planeta, y pone en riesgo la salud de la tierra y la sobrevivencia de toda la vida vegetal y animal, incluida la nuestra.
En 20 países del mundo el hacha de la guerra ha sido desenterrada. En ellos hay guerras civiles o la nefasta intervención de los imperios que aún permiten la prepotencia y la impunidad internacional. La Franja de Gaza es, con mucho, la coordenada terrestre que gana la atención internacional por muchas razones: el viacrucis de Palestina se inició con la Resolución 181 de noviembre de 1947, que le impuso ceder el 54 por ciento de su territorio para la creación del Estado judío. 75 años después los palestinos están reducidos a la Franja de Gaza, algunas áreas del Este de Jerusalén y pequeñas zonas de Cisjordania. Muy recientemente, la ONU aprobó la resolución que amplía los derechos de Palestina como Estado observador no miembro y pide al Consejo de Seguridad que apruebe su integración como miembro de pleno derecho, con 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones. Hoy la Franja de Gaza es una zona colapsada: el más reciente capítulo de guerra ha cobrado más de 35 mil 386 vidas y 79 mil 366 heridos, hasta el sábado pasado. Los hospitales y las escuelas son sólo un recuerdo. La hambruna cobra ya muchas vidas. El mundo no ha podido detener el genocidio de Israel. Hoy como nunca cobra vigencia la resolución 242 del 27 de noviembre de 1967 y poner punto final al alto al fuego.
El pueblo mexicano habló fuerte en 2018: su vocación pacífica y voluntad de llevar a cabo cambios importantes que nos permitan mayor justicia económica y social sin recurrir a medios violentos ha echado verdaderas raíces en estos seis años. Pero las coyunturas electorales se vuelven oportunidad para que intereses y fuerzas económicas y políticas que apuestan a la violencia y al caos jueguen en los procesos electorales. El Estado mexicano está obligado a garantizar la paz y un proceso electoral donde la ciudadanía pueda elegir libremente a sus gobernantes. Ello implica que candidatos y partidos no tengan otra referencia que las reglas y garantías que le dan sustento a la democracia.
Nos preocupa que el dolor haya tocado las puertas de los diferentes partidos y que ya lamentemos la pérdida de vida de al menos 30 aspirantes y candidatos a puestos de elección popular y los actos de violencia alcanzan ya la cifra de 158 casos. Las autoridades mexicanas deben trabajar horas extras con el fin de que el Estado de derecho no se pierda y sea el marco natural de la jornada del 2 de junio y los días siguientes.
Sin maíz no hay país. Es un slogan que acuñó el movimiento campesino mexicano y que nos recuerda que el maíz no es solo alimento central de México. Este grano imprescindible dio sustento al mosaico de culturas de lo que se llamó Mesoamérica y mucho más, y su cultivo documentado se remonta a las huellas encontradas en las cuevas de Coxcatlan, Purron, El Riego, Tecorral y San Marcos, en Puebla, con una antigüedad de más de 7 mil años. Seguiremos alimentando nuestros cuerpos y nuestra alma con maíz. Por esa razón la actitud del Estado y las políticas públicas deben enfocarse en dimensionar la presencia del maíz y su papel en la soberanía alimentaria.
En la temporada 2023-24 hay una caída de 9.2 por ciento en la cosecha de maíz a nivel nacional, llegando apenas a las 25.5 millones de toneladas, por los problemas de sequía y otros que le siguen como sombra. Y la importación del grano crecerá en 1.2 por ciento para alcanzar los 19.6 millones de toneladas. Independientemente de cómo se comporten las próximas temporadas de lluvia, el país debe tener una clara divisa: lograr la autosuficiencia en Maíz. Con ello lograríamos tener una robusta agricultura y evitar la salida de más de 5 mil 742 millones de dólares. Las políticas públicas deben reorientar el rumbo para garantizar la autosuficiencia, pues no lograrlo nos cuesta ahora más de 85 mil millones de pesos.
El problema de la vivienda. En febrero de 2023 se inició el movimiento de los Sin Casa en Sinaloa, mismo que se ha llamado Movimiento por el Derecho Humano a la Vivienda y Reservas Territoriales. ¿Qué razones le dan sustento a este movimiento? Recogiendo las miserias heredadas por la larga noche neoliberal de 1982-2018, INEGI nos informa que para 2022 teníamos un déficit de 432 mil viviendas en Sinaloa. Para esta Comisión y para la Coordinadora Estatal que encabeza dicho movimiento, esa deuda histórica habitacional no podemos adjudicarla al gobernador Rubén Rocha, pero sí es imprescindible plantearle que la responsabilidad de buscar una solución al problema de vivienda es un asunto central de su gobierno.
¿A qué ritmo hay que marchar en este terreno? Si cada año surgen 16 mil matrimonios en Sinaloa, los programas de vivienda no pueden ir a un galope menor, pues hay que atender el rezago heredado. Un gobierno democrático, como es el caso presente, está pautado por los 17 objetivos y las 169 metas que la ONU estableció para 2030, entre ellas abatir el problema de la vivienda. Y no es menor su compromiso con los pobres de Sinaloa. Hay acuerdos que ayudan a mitigar el problema de la falta de techo para muchas familias: en Mazatlán se adquirirán 14 hectáreas para las familias que demandan un lote; en Culiacán hay cuatro hectáreas disponibles para familias de escasos ingresos; en Guasave se han conveniado 15 hectáreas para familias humildes y en Los Mochis se avanza en la adquisición de reservas territoriales. Un punto muy importante a destacar: el Gobierno del estado ha llegado a un acuerdo con el banco dueño del predio Cumbres del Águila, con lo que se resuelve el principal obstáculo para que haya un desistimiento de dicho banco en la causa penal en contra de siete solicitantes de terrenos de Valle del Agua.
La sequía y la emergencia que conlleva. El presente año es el peor en la intensidad de precipitaciones lluviosas y en el nivel de conservación de las presas desde los años ochenta del siglo pasado. Lo saldos que ello arroja son preocupantes: dos presas han cerrado sus cortinas, las reservas de agua en los embalses apenas alcanzan el 11.8 por ciento. Y si las comunidades afectadas en 2023 fueron alrededor de 350, esta temporada pueden llegar a ser 500. Nuestra agricultura bajó sus pretensiones, achicó el número de hectáreas sembradas y, aun así, no pocos cultivos padecieron de sed.
Se ha priorizado el consumo humano como política de administración del vital líquido. Es una postura correcta. El gobierno del estado anunció la reactivación del programa bombardeo de nubes. Lo hará por tercer año consecutivo. Hemos saludado el programa por la audacia que representa frente a un mes de junio sin reservas de agua, pero también manifestamos preocupación porque sin haber garantía de un incremento sustancial de lluvia por esa vía, la literatura disponible y la observación empírica en distintas coordenadas del planeta nos advierten de impactos negativos al medio ambiente. Ante la emergencia hídrica recomendamos que la administración del agua sea vigilada por un Consejo Ciudadano, pues las instancias de Ley no han tomado las suficientes medidas que la coyuntura seca y calurosa reclama. Que haya una enérgica campaña de ahorro y contra el despilfarro de agua, pero con sentido humano y democrático.
Los desaparecidos. Es un tema recurrente y que con frecuencia provoca desencuentros entre autoridades y familiares. Una de esas no recomendables diferencias centró la atención sobre la cantidad de personas desaparecidas a considerar en México. En ese momento (agosto de 2023) el presidente Andrés Manuel sostuvo que había 92 mil desaparecidos en el país. Algunas instancias oficiales tenían el registro de 110 mil personas en calidad de desaparecidas y los colectivos de familiares hablaban de 113 mil. La polémica creció porque, desde el mismo gobierno se intentó contabilizar el número de desaparecidos, y dicho intento estuvo lleno de errores de técnica de investigación y de contenido, que más que ayudar a dimensionar el problema complicó las relaciones entre autoridad y familiares con desaparecidos.
Para dimensionar el problema de la desaparición forzada no es imprescindible contar con el número exacto de víctimas, lo será cuando sea posible alcanzar la justicia plena para todos los casos. Para hablar de la gravedad del fenómeno, de la emergencia que significa y de los medios legales y administrativos para remediarlo, lo mismo significan los 92 mil que esgrimía la presidencia, que los 113 mil de los que hablaban los familiares. Lo que sí está muy claro es que un problema de ese tamaño exige una clara voluntad del Estado mexicano para enfrentar el problema: deteniendo la práctica de la desaparición forzada y procurando sin regateos la justicia plena. La timidez del Estado mexicano no se explica, si países como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, fueron capaces de arrojar al basurero de la historia a sus dictaduras militares, responsables de tantas desapariciones forzadas, detener la práctica de desaparecer personas y de castigar a muchos de los responsables. Por eso nuestras madres rastreadoras esperan una respuesta contundente de las autoridades de Sinaloa y de México.
Jornaleros agrícolas. Desde hace dos temporadas agrícolas los demonios que configuran la miseria y las tragedias de los trabajadores migrantes se nos han colado por los intersticios de las cuarterías de obreros y las guarderías infantiles para cobrar cuotas de vida y salud entre los jornaleros y sus hijos. Esta CDDHS ha visitado dos, tres, muchas veces Juan José Ríos, Ruiz Cortines y el Valle de Culiacán para atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que surgen en dichos lugares. Ello nos ha llevado a solicitar, una y otra vez, información sobre la atención que les merecen los lugares citados. Lo hemos hecho ante la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad, la SEPyC y la Dirección del Trabajo. También hemos emitido sendas recomendaciones a dichas instituciones. De todas las instancias hubo respuestas, menos de la Dirección del Trabajo, que es la oficina pública más cercana a los centros de trabajo y la más ajena a los jornaleros agrícolas. Su titular Asunción Zepeda, ha dicho que la Ley no lo obliga a darnos contestación. Ciudadano Gobernador, por lo visto el Director del Trabajo ignora el Artículo 8° Constitucional y el Artículo 142 de la Constitución de Sinaloa, además de los Acuerdos Finales de la Convención de Viena de junio de 1993. Y como servidor público de un gobierno democrático no tiene derecho a ello, pues sus omisiones y negligencias han terminado en la pérdida de derechos laborales, de salud y de vidas humanas.
Pero nos consuela saber que hay instancias que dan respuesta concreta a las crisis que se presentan en los campos hortícolas que contratan mano de obra migrante. Nos referimos al DIF estatal. Hemos coincidido en algunas ocasiones en las cuarterías de Juan José Ríos y de Ruiz Cortines. En dichos lugares se han creado los llamados centros de asistencia social: el día 6 de febrero pasado en Juan José Ríos y el 20 de febrero del presente año en Ruiz Cortines. La temporada hortícola ha concluido. Ojalá que los 15 centros de atención infantil en el estado cobren vida en armonía con el arranque de la próxima zafra. Escuinapa se ha incorporado a la producción moderna de la agricultura, a la contratación de mano de obra migrante y a la deuda creciente en materia laboral y en derechos humanos de los trabajadores. Allí estableció tres centros de atención infantil el DIF, que mitigan la situación en que sobreviven los hijos de jornaleros. El reto claro para la temporada 2024-2025 es una atención mayor a la niñez migrante y una vigilancia más estrecha de la autoridad hacia los patrones para el cumplimiento cabal de las leyes laborales y la observancia de los derechos humanos.
Cultura social frente a la mujer y políticas públicas de protección de sus derechos. La Fiscalía General del Estado contempla cuatro renglones que ofenden la dignidad de la mujer y que dejan mal paradas a las generaciones presentes: en los últimos cinco años el comportamiento de los delitos es el siguiente: el homicidio (incluido en él los feminicidios) evolucionó de 41 en 2020 a 50 el 2021, en tanto el 2022 bajó a 34 y el pasado 2023 alcanzó los 38. Este año hasta el mes de abril se registran 8. El secuestro no ha sido ajeno a las mujeres. Por fortuna el registro es bajo, pues fue de tres por cada uno de los tres primeros años, mientras el año pasado y en el presente se registra uno. En homicidio culposo las cuentas preocupan, pues ni con el consuelo de que esos homicidios no son intencionales, el dolor de perder vidas es menor. De los años pasados nos quedan 104, 108, 90 y 96 cicatrices frescas y en los cuatro primeros meses de 2024 ya acumulamos 57 muertes. Urgen medidas de prevención que disminuyan accidentes y la pérdida de vidas.
En el renglón de violaciones las cuentas no son alegres, pues si en el año de 2020 se registraron 191 denuncias por este delito, en 2021 la cifra llegó a los 284, en 2022 subió a los 319 y en 2023 fueron 320 casos. Y este 2024 hasta el mes de abril ya llevamos 109 denuncias. La recomendación nuestra es que deben intensificarse todas las medidas de prevención posible y que las instancias oficiales involucradas en la materia desplieguen su trabajo con mayor coordinación, pues la salud física y emocional de cientos de niñas en Sinaloa está en riesgo.
Los casos de Javier Valdez y de Luis Enrique Ramírez anclan de manera permanente la atención de la sociedad en torno a la situación de los periodistas y los medios. Lo es porque sus causas no conocen la justicia plena aún y también porque cualquier ataque a medios de comunicación o reporteros nos remite a la suerte que pueden correr los ofendidos. Sin hablar de números ahora ni de interesados en afectar la libertad de información y expresión ni de los desencuentros entre autoridades y medios, consideramos que la ecuación autoridades y sector periodístico debe vivir un cambio en las variables que la componen, partiendo de que un Gobierno democrático es abierto a la crítica y respetuoso de la opinión diferente. Y otra de las variables en esa ecuación es el interés que la autoridad debe demostrar para investigar y sancionar todo tipo de acciones que vayan encaminados a lastimar o impedir el libre ejercicio del periodismo. La situación que vivimos en estos días no aconseja otra cosa.
Atención de quejas. El periodo en que informamos comprende del día 21 de mayo de 2023 al día 20 de mayo del presente año. Durante este lapso de tiempo atendimos 354 quejas, precisando que 225 fueron calificadas de asesorías y 129 merecieron el calificativo de presuntamente violatorias de derechos humanos. Del total 336 fueron debidamente concluidas y 18 se encuentran en trámite. De acuerdo al registro de quejas individuales tenemos 190 hombres y 164 mujeres. Las autoridades que aparecen como responsables del mayor número de quejas son: el H. Ayuntamiento de Culiacán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Fiscalía General del Estado, Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Siempre buscamos la amigable composición para las quejas donde no hay daños graves e irreversibles a los derechos humanos de los peticionarios y queremos reconocer en este informe la disposición para encontrar solución a problemas a la Delegada del IMSS, la Dra. Tania Clarissa Medina López, a José Ernesto Peñuelas Castellanos, presidente municipal de Culiacán y al Dr. Alejandro Barraza Gaxiola, director del Hospital del ISSSTE.
Entre las quejas atendidas se incluyen 4 peticiones colectivas en las que destacan 145 ciudadanos empleados de la Secretaría de Salud, cientos de familias de la comunidad de Ruiz Cortines, Guasave, que reclaman que no llega agua entubada a muchos hogares y que cuando lo hace lleva lodos y sustancias tóxicas. Una tercera colectividad lo son 72 familias del predio Valle del Agua, quienes denunciaron violación a sus derechos humanos a una vivienda digna. Y la cuarta es el grupo sobreviviente de 150 obreros del jubilado Ingenio de Navolato
En razón de que algunas acciones de la autoridad alcanzaron un alto grado de gravedad y elevan el riesgo de que los daños se vuelvan irreversibles, se emitieron medidas cautelares o precautorias; así como recomendaciones, con el objeto de encontrar una pronta solución a la denuncia presentada por las víctimas, con el fin de que los actos expuestos como presuntamente violatorios de derechos humanos no lleguen a niveles en los que no hay regreso. Además, se suma nuestro interés de alcanzar la inmediata restitución de los derechos humanos trasgredidos, así como una reparación integral del daño ocasionado a consecuencia de la violación de los mismos.
Las medias cautelares o precautorias fueron siete, y se remitieron a los siguientes servidores públicos: Dos al Gobernador del Estado, una al Director del Penal de Aguaruto, una a la Presidenta Municipal de Navolato, una al Presidente Municipal de Culiacán, una a la Fiscal General del Estado y una a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Las Recomendaciones fueron dos: una dirigida al Gobernador del Estado y otra al Subdelegado Médico del ISSSTE en Sinaloa.
Antes de concluir queremos manifestar nuestro reconocimiento al ciudadano Gobernador Rubén Rocha Moya, miembro fundador de este organismo, por el apoyo brindado para que esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos pueda sufragar los gastos que el funcionamiento de la oficina implica y el sostenimiento de una plantilla de diez compañeros. El apoyo significa 200 mil pesos mensuales y un auto en comodato para nuestro trabajo. Con ellos hemos podido atender las quejas que nos llegan a lo largo y ancho de nuestra entidad.
Una vez expuesto el trabajo realizado en el periodo que se informa, reiteramos nuestro compromiso para que, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, continuar de manera activa, con la protección, defensa y difusión de los derechos humanos en nuestra entidad federativa, con relación a actos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos en perjuicio de sus habitantes, atribuidos a servidores públicos o autoridades del orden federal, estatal y municipal.
No podemos concluir el presente informe sin reconocer la entrega y vocación de cada uno de los compañeros que integran este organismo: Gracias Irene Santos Quintero, Sara Acela Galaviz Navarro, Katia Ximena Ruiz Ortiz, Isabel Cristina Guerrero, Joel Zavala Aispuro, Enrique Díaz Terán, Pablo Balderas Jurado, Eduardo Solís Velázquez y Oscar Loza Ochoa. Sin su esfuerzo el trabajo realizado sería imposible.
Muchas gracias.
